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Ifapa investiga como combatir las plagas del algodón y del tomate con técnicas alternativas de control integrado
SEVILLA, (EUROPA PRESS) – La Junta de Andalucía destina cerca de 480.000 euros a estudiar la minimización de los daños que las plagas ocasionan en los cultivos de algodón y tomate del Bajo Guadalquivir y desarrollar la implantación del control integrado de las mismas, a través de un proyecto de investigación que tendrá una duración de tres años, y está financiado con fondos Feder.
Ante la problemática que las plagas representan para la industria del algodón y del tomate en el Bajo Guadalquivir, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía ha demandado al Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) que se investiguen los mejores manejos de cara a minimizar los daños que estas plagas causan en la agricultura andaluza.
De esta manera, según la información remitida desde el Ifapa, como resultado de esta demanda, el Instituto en coordinación con la organización agraria COAG, ha comenzado un proyecto con dos campos bien delimitados. Por un lado, el estudio de la eficacia de las trampas de luz para controlar las plagas en algodón y tomate, y, por otro, el del desarrollo de una estrategia de control integrado en el tomate de industria.
El proyecto estudia el efecto de las trampas de luz en la población de las orugas que atacan a los cultivos de algodón y tomate, así como evaluar el impacto de la inclusión de estas trampas en la biodiversidad de las parcelas de algodón y tomate cultivadas bajo sistemas de cultivo integrado o ecológico. Además, estudia las posibilidades de implantar el control integrado de plagas en tomate de industria utilizando el control biológico como estrategia principal.
Tanto en algodón como en tomate para industria, los lepidópteros constituyen las principales plagas. Entre ellos destaca la Heliocoverpa, popularmente conocida como la oruga del tomate, que debido a su gran movilidad, voracidad, y a que suele alimentarse de diversas plantas, su presencia en las explotaciones agrícolas suele ser muy dañina. También destaca la “tuta absoluta”.
Este proyecto nace una vez que la Unión Europea, a través de la Directiva 91/4141 CEE, prohibió el uso de determinadas materias activas, lo que hizo “imposible” en un primer momento su control.
La creciente incorporación en los cultivos de estrategias de manejo integrado –tendentes a reducir la necesidad y cantidad de productos químicos– conduce a la evaluación de los métodos y técnicas existentes de manejo de plagas, como son las trampas de luz, la introducción de insectos enemigos de los lepidópteros, el empleo de setos naturales como refugio de la fauna auxiliar e insecticidas sin plazo de seguridad (vease InsecSTOP)
DOS EXPERIENCIAS
En el marco de este proyecto se realizarán dos experiencias. La primera se desarrollará en parcelas que están en producción de una hectárea de dimensión, situadas en los municipios sevillanos de Lebrija y Los Palacios, y consistirá en aplicar tres tratamientos diferentes a cada una de las parcelas. Una de ellas no contendrá ninguna trampa de luz, en otra de ellas se dispondrá una trampa de luz cada 2500 metros, y en la tercera se colocarán trampas cada 1250 metros.
La segunda experiencia se realizará en una parcela también en producción situada en Alcalá del Río (Sevilla), donde se ensayará el control integrado con todas las soluciones biológicas disponibles para el cultivo del tomate para industria. Otro tanto se realizará en una finca experimental perteneciente al centro Ifapa de Chipiona.
ALGODÓN Y TOMATE PARA INDUSTRIA EN EL BAJO GUADALQUIVIR
El algodón es un cultivo muy importante y de gran tradición en Andalucía. La superficie de algodón en Andalucía alcanzó en 2009 las 58.648 hectáreas, concentrándose prácticamente en dos provincias, Cádiz y Sevilla, y concretamente en la comarca del Bajo Guadalquivir.
El cultivo de tomate para industria en Andalucía tiene su origen hace un par de décadas en la comarca del Bajo Guadalquivir. La producción se concentra en los municipios de Lebrija, Las Cabezas de San Juan, Utrera y Los Palacios, cultivándose también, en menor medida, por la costa noreste gaditana.
Actualmente, el tomate para industria se plantea como una alternativa socioeconómica viable en la mencionada área geográfica, cultivándose al unísono con el algodón. La superficie de tomate para industria en 2008 alcanzó las 2.300 hectáreas, localizándose en la comarca del Bajo Guadalquivir, dentro de la provincia de Sevilla.
La Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG) ha denunciado hoy que el año 2009 ha devuelto a los agricultores y ganaderos a los niveles de renta de hace 20 años, ya que la renta agraria real se situó en 11.427 millones de euros, un 5,3 por ciento menos que en 2008, según informó el colectivo en nota de prensa.
Para estos trabajadores, la crisis económica “ha bloqueado el acceso a la financiación para inversiones y el día a día de la actividad, y que ha llevado a un número importante de agricultores y ganaderos ha obtener una rentabilidad negativa, con costes por encima de los ingresos, y enormes dificultades para continuar con su explotación”.
Asimismo, criticaron “la contrastada falta de transparencia en el comercio alimentario, que en el caso de Canarias hace que los diferenciales entre consumidores y agricultores se multipliquen por cuatro o cinco, e, incluso por mucho más”.
De esta manera, COAG Canarias aseguró que la situación del campo ha empeorado, entre otros aspectos, por la modificación del POSEI, que constituye el principal marco de apoyo a los productores del archipiélago.
“La reforma planteada para 2009 y 2010 puede tener efectos muy positivos para el sector en las islas, dado que recoge nuevas líneas y partidas para sectores como el tomate, la viña o la ganadería. Una cuestión preocupante y que COAG-Canarias ha venido denunciando es que, a diferencia del gobierno central, el de Canarias no ha recogido en sus presupuestos la partida adicional de 23 millones de euros para el programa POSEI”, explicó el colectivo.
En este sentido, consideró que “si esa partida finalmente no se dota, podría poner en peligro, incluso, el propio desarrollo de un programa que es vital para los productores”.
Por sectores, COAG Canarias recordó que a principios de año se evaluó que el endeudamiento del sector del tomate ascendía a 160 millones de euros. “Si bien el inicio de esta zafra y el apoyo que se recibió a través del POSEI puede contribuir a bajar estar cantidad, no es menos cierto que el proceso de liberalización para la importación de producciones para el tomate marroquí, cuya ampliación se acaba de acordar, puede hacer que el sector continúe con su perdida continuada de superficie y productores”, dijo.
Con respecto al plátano, el colectivo resaltó la lucha por evitar la reducción de los aranceles. “El acuerdo cerrado por la UE con los países productores del área dólar puede dejar el sector canario muy tocado y en posición de clara debilidad. Pero, para hacer frente a esta situación, es más necesario que nunca que desde el sector se apueste por el desarrollo de actuaciones conjuntas, especialmente en la comercialización, y se avance en la planificación de los cultivos”, propuso.
Las organizaciones agrarias Asaja y Coag, la asociación de alhóndigas Ecohal y la asociación de cosecheros-exportadores Coexphal han firmado un acuerdo, descrito como histórico, para fijar unos precios mínimos para los productos hortofrutícolas en origen de acuerdo a los costes de producción y a la oferta y demanda, así como para crear una mesa de trabajo que regule la variación de estos precios.
En esta línea, se han establecido unos precios de partida por kilo de 0,60 euros para pimiento california y lamuyo, 0,40 euros para calabacín, pepino, berenjena y pimiento italiano y 0,30 euros para tomate. Asimismo, esta mañana se desarrollará la primera ronda de reuniones entre los productores, Coexphal y Ecohal.
“Los agricultores han luchado por conseguir este hito histórico, aún poco consolidado, inicio de un cambio de modelo de comercialización”, afirmó Andrés Góngora, secretario provincial de Coag. Según las organizaciones, se ha creado un nuevo órgano que habrá que pulir en las siguientes reuniones de trabajo del sector, quien reivindicó, una vez más, la modificación de la legislación de interprofesionales, puesto que en este caso Hortyfruta se ve limitada a tareas de promoción y calidad, a parte de no representar a todos los agricultores.
El acuerdo se basa en la confianza y transparencia, por ello, para garantizar estos pilares, en todos los albaranes de entrada o en las facturas del producto se reflejarán los precios mínimos acordados, sino la comercializadora no lo adquirirá. Los productores vigilarán el cumplimiento del acuerdo, de forma que premiarán a las empresas que lo desempeñen y denunciarán a las que no lo hagan.
Pero esto no es suficiente. Las organizaciones agrarias recuerdan otros problemas a los que se enfrenta el sector. Por una lado, el incumplimiento de acuerdos preferenciales con terceros países, para cuya erradicación urge la activación de mecanismos como el certificado previo a la importación y, por otro, la práctica ilegal de empresas almerienses que comercializan producto importado de Marruecos cambiándole la etiqueta por una que indica que éste es de Almería. “Que empresas importen producto es inmoral, pero que cambien la trazabilidad poniendo que es originario de Almería es ilegal”, señaló Góngora, mientras el presidente de Asaja, Francisco Vargas, prosiguió afirmando que como se demuestre esta práctica denunciarán tanto a estas firmas como a la Administración pública por su “pasividad” y falta de control.
Ambas organizaciones reconocieron saber el nombre de algunas de las empresas que realizan este tipo de acción, pero no las darán a conocer hasta que contrasten la información y saber el listado definitivo. De hecho, indicaron que son los propios agricultores y los empleados del manipulado quienes certeramente conocen este hecho puesto que ven cómo el producto llega de Marruecos con etiqueta fácilmente cambiable que se sustituye por la de la comercializadora.
Respecto a la posible o no intervención de la Comisión Nacional de Competencia por fijar unos precios, las organizaciones lo tienen claro: “Es nuestro primer enemigo porque trabaja con la distribución”. Aseguran que el establecimiento de estos precios mínimos es correcto puesto que lo prohibitivo es vender por debajo de los costes de producción, “esto no lo hacemos para enriquecernos, sino para no perder dinero”, apostilló Góngora.
Las organizaciones agrarias claman la implicación de los políticos ya que la ruina del agricultor, y el consiguiente abandono de explotaciones, conllevará la pérdida de empleos en todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización.
Alfonso Zamora, gerente de Ecohal, primera en mostrar su apoyo a los agricultores, manifestó su preocupación de cara a la transparencia en el acuerdo por parte de las empresas que comercializan en destino, “nosotros, a través de la pizarra de subasta vemos cómo vendemos pero no todas tienen el mismo sistema, puesto que las empresas que comercializan en destino señalan el precio de liquidación hasta 45 días después”.
Por parte de la Junta de Andalucía, el delegado del ramo, Juan Deus, dijo que las bajas temperaturas ya han eliminado zonas productoras y han aumentado los precios y recordó la importancia de cumplir el Decreto de Tipificación.
La eliminación de los contingentes y la bajada del precio un 30% podría acabar hasta con el 70% de los cultivos de cítricos de la Región
La indignación de los agricultores por el inminente acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos -pendiente únicamente de la firma final- crece y, a las quejas por el aumento del arancel del tomate se une ahora la advertencia de las asociaciones del peligro que corren los cítricos. En este sentido, el secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, advirtió ayer de que este pacto en materia agrícola “podría provocar la desaparición de más del 70% de los cítricos”, al tiempo que consideró “inaceptable que el Gobierno español se muestre impasible ante los graves perjuicios que van a sufrir los productores de la Región”.
Según las organizaciones, Marruecos podrá ahora exportar frutas y hortalizas “de una manera libre”, ya que “sólo tendrían contingentes ciertos productos sensibles”. Todos los responsables de las asociaciones de agricultores reiteran que “Marruecos ha incumplido el acuerdo vigente, tanto en contingentes como en precios mínimos de entrada”, algo que, según lamenta Gálvez, “no es impedimento para que este país consiga una vez más que la Unión Europea negocie un nuevo pacto, para los próximos cinco años, en el que se incrementan las cantidades de tomate marroquí que entrarán a los mercados comunitarios.
Igualmente, para Gálvez “resultan sorprendentes las nuevas concesiones dadas en materia de comercialización de cítricos, en los que se eliminan todos los contingentes y se reducen un 30% los precios de entrada, salvo para la clementina importada de noviembre a febrero, que también verá ampliado el tonelaje máximo”.
Desde Coag también se considera “absolutamente inaceptable que la Unión Europea haya cerrado la renovación del acuerdo comercial con Marruecos cuando está incumpliendo sistemáticamente el actual acuerdo”. El secretario general de Coag Murcia, Pedro Lencina, asegura que “el acuerdo es, sin duda, una mala noticia para Murcia y los agricultores murcianos”, y confirma el daño que causará en cultivos como los cítricos, aunque no cuantifica las pérdidas.
“El cáncer del sector”
Lencina confía no obstante en que “se aproveche la futura presidencia europea de España para meter en la agenda de la UE temas como la diferencia de precios entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el agricultor”, algo que, a su juicio, “es el verdadero cáncer del sector”.
“La gran mayoría de los agricultores no quiere más subvenciones, sino otra forma de hacer política”, añadió Lencina, quien añadió que “la voluntad política es imprescindible para no caer en otra crisis similar a la de la construcción”. “Pedimos lo que merecemos”, sentenció el secretario de Coag Murcia, quien aseguró sentir “vergüenza por quienes especulan con algo tan necesario como los alimentos”.
Madrid, (EFE).- Las organizaciones agrarias han afirmado que el Gobierno les “ha engañado” al “negar” el acuerdo entre Unión Europea (UE) y Marruecos y se han mostrado contrarios a que entre “ni un tomate más” sin certificados de importación, porque, en su opinión, no se cumplen ni contingentes ni precios.
El presidente de la sectorial de Hortalizas de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Francisco Vargas, ha rechazado cualquier nueva concesión a Marruecos y ha denunciado que ese país “burla” sistemáticamente los acuerdos.
Ha indicado que el Gobierno “permite” la entrada de producciones marroquíes sin pagar aranceles o superando cupos, por lo que ha exigido que se apliquen los certificados de importación y que no se permita la entrada “ni de un kilo más” sin estas garantías.
Asimismo, ha acusado al Gobierno de querer “engañarnos” para que el acuerdo se posponga, “a ver si el sector está más calmado después de la movilización del 21 de noviembre en Madrid”, y ha indicado que si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, “no es capaz” de buscar soluciones al sector, “debe dimitir”.
Ha advertido, además, sobre la situación de los productores en Andalucía, Comunidad Valencia y Murcia, donde “se está luchando para que el sector no se nos caiga”, y ha añadido que, en este contexto, “la respuesta del Gobierno es permitir acuerdos con terceros países como Marruecos, aumentando los contingentes de importación”.
Por su parte, el responsable de Frutas y Hortalizas de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), Andrés Góngora, ha asegurado que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) “ha mentido” sobre el proceso de negociación.
Ha asegurado que, con el nuevo acuerdo, Marruecos aumentará en 50.000 toneladas el contingente que entra en la Unión Europea con un trato arancelario especial, hasta alcanzar las 285.000 toneladas en el año 2014.
“No vemos el sentido de renovar este acuerdo cuando llevamos mucho tiempo denunciando el incumplimiento de Marruecos, con movilizaciones en Almería y Madrid”, ha asegurado, al tiempo que ha planteado que se exijan los certificados de importación para controlar la entrada de tomate desde Marruecos.
Ha asegurado que, durante el mes de noviembre, el valor de entrada de las importaciones marroquíes nunca ha cumplido el precio de entrada establecido en el acuerdo en vigor de 0,46 euros por kilo, y ha alcanzado, según ha detallado, los 0,29 euros por kilo, precio, ha precisado, inferior a los costes de producción españoles.
Desde UPA, Francisca Iglesias ha coincidido en señalar que el sector se siente “engañado”, porque hace tan sólo una semana el Ministerio les trasladaba que “no iba a firmar nada con Marruecos”, porque “no había cumplido” el anterior acuerdo.
Ha asegurado que el nuevo tratado prevé el incremento de las importaciones, pero ha afirmado que éste “no tiene ningún valor si no hay un seguimiento mediante certificados de importación o controles de frontera”.
Ha resaltado que estas producciones desestabilizan los mercados, hasta el punto de que durante la actual campaña el tomate se ha pagado en origen a 24 céntimos de euro por kilo.
Ha destacado que Marruecos puede exportar el tomate “que quiera”, a través de su cupo o, en su defecto, sometidos a aranceles, pero ha cuantificado que sus producciones no han pagado 14 millones de euros en este último concepto, al no estar sujetos a medidas de control.
EFE
«La situación no es nueva ya que esta maniobra se repite año tras año, aunque en las últimas campañas se ha agravado aún más. Siempre sobre el mes de octubre, Marruecos inicia sus exportaciones de tomate a la UE e introduce grandes cantidades de producto en el mercado europeo a muy bajo precio. Su objetivo es hacerse hueco en el mercado y para ello no duda en ejercer dumping comercial sobre las producciones comunitarias, lo que resulta en un hundimiento de los precios en origen del sector granadino difícil de remontar», denuncian.
Asaja, Coag, Upa, Coexphal-Faeca y Ecohal se movilizarán en Almería el 8 de octubre con el apoyo nacional de productores y exportadores
El sector hortofrutícola almeriense anunció hoy la convocatoria de un manifestación de ámbito nacional el próximo día 8 con un paro en las empresas comercializadoras y una marcha por las calles del centro de la ciudad para reclamar al Gobierno central una “defensa real” de los intereses de los productores de tomate ante la negociación del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, que, en sus condiciones actuales, no se cumplen en relación a los calendarios, cupos y precios de entrada pactadas.
En una rueda conjunta, las tres organizaciones agrarias –COAG, Asaja y UPA– y la Asociación de Empresas Cosecheras-Exportadoras de productos Hortofrutícolas de Almería (Coexphal) urgieron, asimismo, al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) a abandonar la “falta de transparencia y la desinformación” a la hora de transmitir la marcha y el contenido de las conversaciones sobre un acuerdo que tildaron de “inminente”.
Acusaron, en esta línea, al Ejecutivo de mantener “un doble discurso hipócrita” al abordar los convenios preferenciales con el país alauí, por lo que, tal y como detalló el líder de Asaja en Almería, Francisco Vargas, le exigen “un cambio en el posicionamiento que mantiene en Europa cuando se trata de negociar con las frutas y hortalizas”, así como un “compromiso firme de defensa del sector en Europa y una garantía de control de las exportaciones de terceros países que hasta ahora –ahondó– han disfrutado de manga ancha”.
Alusión al lema que presidirá la manifestación, a la que está previsto que acudan los productores de tomate de Granada y las comunidades autónomas de Valencia, Murcia y Canarias hizo el secretario provincial de COAG, Andrés Góngora, quien tildó de “intolerable” la actitud del Gobierno central, que resumió en el uso “como moneda de cambio” de un sector “que siempre paga las consecuencias con un hundimiento de los precios”.
La protesta conjunta, para la que reclamaron “solidaridad” a la ciudadanía para que sea masiva y a la que se ha sumado la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX) y la Asociación de Alhóndigas, pretende que se “reconozca el peso y la importancia que las frutas y hortalizas tienen en la economía española”.
Fuente: Europa Press














