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tomate marroqui

Las organizaciones agrarias Asaja y Coag, la asociación de alhóndigas Ecohal y la asociación de cosecheros-exportadores Coexphal han firmado un acuerdo, descrito como histórico, para fijar unos precios mínimos para los productos hortofrutícolas en origen de acuerdo a los costes de producción y a la oferta y demanda, así como para crear una mesa de trabajo que regule la variación de estos precios.

En esta línea, se han establecido unos precios de partida por kilo de 0,60 euros para pimiento california y lamuyo, 0,40 euros para calabacín, pepino, berenjena y pimiento italiano y 0,30 euros para tomate. Asimismo, esta mañana se desarrollará la primera ronda de reuniones entre los productores, Coexphal y Ecohal.

“Los agricultores han luchado por conseguir este hito histórico, aún poco consolidado, inicio de un cambio de modelo de comercialización”, afirmó Andrés Góngora, secretario provincial de Coag. Según las organizaciones, se ha creado un nuevo órgano que habrá que pulir en las siguientes reuniones de trabajo del sector, quien reivindicó, una vez más, la modificación de la legislación de interprofesionales, puesto que en este caso Hortyfruta se ve limitada a tareas de promoción y calidad, a parte de no representar a todos los agricultores.

El acuerdo se basa en la confianza y transparencia, por ello, para garantizar estos pilares, en todos los albaranes de entrada o en las facturas del producto se reflejarán los precios mínimos acordados, sino la comercializadora no lo adquirirá. Los productores vigilarán el cumplimiento del acuerdo, de forma que premiarán a las empresas que lo desempeñen y denunciarán a las que no lo hagan.

Pero esto no es suficiente. Las organizaciones agrarias recuerdan otros problemas a los que se enfrenta el sector. Por una lado, el incumplimiento de acuerdos preferenciales con terceros países, para cuya erradicación urge la activación de mecanismos como el certificado previo a la importación y, por otro, la práctica ilegal de empresas almerienses que comercializan producto importado de Marruecos cambiándole la etiqueta por una que indica que éste es de Almería. “Que empresas importen producto es inmoral, pero que cambien la trazabilidad poniendo que es originario de Almería es ilegal”, señaló Góngora, mientras el presidente de Asaja, Francisco Vargas, prosiguió afirmando que como se demuestre esta práctica denunciarán tanto a estas firmas como a la Administración pública por su “pasividad” y falta de control.

Ambas organizaciones reconocieron saber el nombre de algunas de las empresas que realizan este tipo de acción, pero no las darán a conocer hasta que contrasten la información y saber el listado definitivo. De hecho, indicaron que son los propios agricultores y los empleados del manipulado quienes certeramente conocen este hecho puesto que ven cómo el producto llega de Marruecos con etiqueta fácilmente cambiable que se sustituye por la de la comercializadora.

Respecto a la posible o no intervención de la Comisión Nacional de Competencia por fijar unos precios, las organizaciones lo tienen claro: “Es nuestro primer enemigo porque trabaja con la distribución”. Aseguran que el establecimiento de estos precios mínimos es correcto puesto que lo prohibitivo es vender por debajo de los costes de producción, “esto no lo hacemos para enriquecernos, sino para no perder dinero”, apostilló Góngora.

Las organizaciones agrarias claman la implicación de los políticos ya que la ruina del agricultor, y el consiguiente abandono de explotaciones, conllevará la pérdida de empleos en todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización.

Alfonso Zamora, gerente de Ecohal, primera en mostrar su apoyo a los agricultores, manifestó su preocupación de cara a la transparencia en el acuerdo por parte de las empresas que comercializan en destino, “nosotros, a través de la pizarra de subasta vemos cómo vendemos pero no todas tienen el mismo sistema, puesto que las empresas que comercializan en destino señalan el precio de liquidación hasta 45 días después”.

Por parte de la Junta de Andalucía, el delegado del ramo, Juan Deus, dijo que las bajas temperaturas ya han eliminado zonas productoras y han aumentado los precios y recordó la importancia de cumplir el Decreto de Tipificación.